Ecuador – La situación de las clínicas dializadoras en varias provincias del país se agrava debido a la falta de pago por parte del Gobierno y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según informó Juan Acurio, representante de estas instituciones. Desde junio de 2023, el Gobierno Nacional no a ha cumplido con sus obligaciones financieras, poniendo en riesgo la salud de aproximadamente 5,000 pacientes que dependen de estos servicios.
Juan Acurio denunció que la deuda del Estado con las clínicas dializadoras, acumulada desde mayo de 2023 hasta junio de 2024, asciende a USD 25.5 millones. A pesar de la escasez de insumos, las clínicas continúan operando, aunque con serias limitaciones. «De no haber solución hasta este mes, no habrá insumos», advirtió Acurio, señalando la urgencia de la situación.
Las clínicas, que prestan servicios en Los Ríos, Santo Domingo, Azuay, Guayas y Tungurahua, han tenido que reducir el número de diálisis de tres a dos por falta de recursos. Esta medida de emergencia afecta gravemente a los pacientes, quienes necesitan un tratamiento continuo y adecuado para sobrevivir.
El abogado explicó que el Ministerio de Salud alega que no ha recibido los recursos del Ministerio de Finanzas para saldar la deuda, a pesar de que la auditoría correspondiente, cubriendo de mayo de 2023 a febrero de 2024, ya ha sido completada. «Está listo para pagar», afirmó Acurio, subrayando la necesidad de una rápida transferencia de fondos.
La crisis se ve agravada por la falta de pago del IESS, que tampoco ha cumplido con sus obligaciones debido a la ausencia de una empresa auditora que verifique las facturas presentadas por las clínicas. «Los informes que enviamos de atención a los pacientes se siguen acumulando en el IESS y no hay quien audite», lamentó Acurio, señalando que esta burocracia está condenando a los pacientes a la muerte.
El representante de las clínicas hizo un llamado urgente al Gobierno y al IESS para que regularicen los pagos y permitan que los servicios de diálisis continúen sin interrupciones. «Estamos condenando a los pacientes a la muerte», concluyó Acurio, reflejando la gravedad de una situación que exige una solución inmediata para evitar una crisis de salud pública de mayores proporciones.
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