Las condiciones en la Asamblea para un nuevo intento de reforma parcial a la Constitución son las mismas que hubo en el anterior período: no dar paso a reducir el número de legisladores o a la bicameralidad asoman como líneas rojas.
Ya un dictamen de la Corte Constitucional, hace dos años, estableció que para este tipo de decisiones no basta solo una consulta popular, sino que el proyecto debe pasar antes por dos debates y un pronunciamiento del Pleno, según el artículo 442 de la norma suprema.
El argumento de asambleístas de la ID, del PSC, de Creo, es que disminuir el número de representantes, que actualmente es de 137, podría afectar a la representatividad o que no es una prioridad ni una salida a la crisis actual del país.
¿Pero el número es excesivo? Un análisis del Observatorio Legislativo muestra que Ecuador tiene 8 legisladores por cada millón de habitantes, cuando la media en países de la región es de 13.
En el caso de Uruguay, el promedio es de 37, aunque ese país solo tiene tres millones de personas, es decir, casi seis veces menos que Ecuador.
Colombia, con algo más de 50 millones de habitantes, tiene 108 senadores y 172 representantes. Es decir, 274 en el congreso bicameral. Perú tiene 130 congresistas, con 32,5 millones de habitantes.
Chile, con 18,9 millones de habitantes, cantidad similar a la de Ecuador, tiene 43 senadores y 155 representantes.
“El tema no es la cantidad, sino la calidad de los asambleístas, y de la calidad de la agenda legislativa o de las leyes”, dice la expresidenta de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.
Pese al revés de hace cuatro meses, cuando esta propuesta no tuvo asidero en la Asamblea Nacional junto con el proyecto de eliminar al Cpccs, el Comité por la Institucionalidad Democrática insiste en que esto sea retomado por el presidente Guillermo Lasso, quien aún no se ha pronunciado.
A su vez, el 14 de julio del 2020 el Parlamento negó un proyecto de Fabricio Villamar, que también apuntaba a reducir el número de legisladores.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), insiste en esta vía. Hace dos semanas se reunió con el presidente Lasso en Carondelet. “La voluntad ciudadana tiene que imponerse a través de una consulta”, manifestó el legislador.
Villavicencio argumentó que “los países con historia de sistemas bicamerales, en su gran mayoría, son sociedades con democracias sólidas, con Estados menos corruptos”.
A nivel de América Latina, Ecuador junto a Perú y Venezuela son parte de los nueve países que tienen parlamentos unicamerales. Otros 10 como Argentina, Colombia, Chile y Bolivia son bicamerales.
Wilma Andrade (ID), exvicepresidenta de la Comisión de Enmiendas, sostiene que si se reduce el número de legisladores, provincias como Galápagos podría pasar de tener 3 representantes a 1. Y se verían afectadas las circunscripciones en las provincias con mayor densidad poblacional como Pichincha y Guayas.
“Eso es lo que en último caso movió el piso para la aprobación de la bicameralidad dentro de la Asamblea”, manifestó.
En el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) las posturas son marcadas. Nathalie Arias (Creo) y Ronny Aleaga (Unes) son vocales de este organismo. Arias dice que “un tema mucho más importante es devolverle a la Asamblea la selección de quienes deberían ser las autoridades de control”. Aleaga enfatiza que la representatividad no puede afectarse: “no es lo adecuado dejar en manos de unos pocos las decisiones de las grandes mayorías. Si eso quieren deberíamos ir a una constituyente”.
El PSC señaló que espera “noticias oficiales” para pronunciarse sobre una eventual consulta. Pero Jorge Abedrabbo dice que no descartan apoyar una reducción de legisladores, pero de manera técnica y sin afectar a la democracia.
Pachakutik tiene a Ricardo Vanegas como representante en la Comisión de Enmiendas. Él evitó pronunciarse antes de que la bancada del movimiento adopte una posición.
El politólogo Giusseppe Cabrera cree que reducir el número de legisladores provocaría un efecto desproporcional en la representación de los jóvenes, clases populares y nacionalidades indígenas, y favorecerá a los “caudillos”.
Si se aplica un nuevo censo poblacional, a partir de 2025, el número de asambleístas se incrementaría a 150.
