El primer presidente del Legislativo, José Serrano, fue destituido
en el 2018 luego de que trascendiera un audio en el cual aparentemente
negociaba con el excontralor Carlos Pólit, procesado en el caso Odebrecht.
La gestión de su reemplazo, Elizabeth Cabezas, se caracterizó por las denuncias
de diezmos y gestión de cargos públicos. De los quince casos planteados, se destituyó
a dos asambleístas: Norma Vallejo (AP) y Ana Galarza (CREO). También se destituyó
a la exvicepresidenta a María Alejandra Vicuña, por diezmos.
Cabezas también fue investigada por supuesta falta de fiscalización tras filtrarse
un audio de una conversación con la ministra del Interior, María Paula Romo, durante
una votación sobre una investigación solicitada por la bancada correísta al presidente
Lenín Moreno, por el caso INApapers. Esto llegó al pleno, pero no hubo votos para destituirla.
A nivel legislativo, en el caso de diezmos está pendiente la integración de una comisión
multipartidista para investigar Karina Arteaga
En ese escenario llegó a la presidencia de la Asamblea César Litardo (AP), quien cuatro
meses después tuvo que enfrentar uno de los momentos políticos más críticos: el paro
nacional de octubre, que duró once días, derivado de una ola de movilizaciones tras
el anuncio de la eliminación del subsidio a los combustibles.
La puja por una salida al conflicto político y la presión ejercida por el sector correísta
para una instalación inmediata del pleno de la Asamblea Nacional motivaron varias
reuniones de bancadas, donde incluso se habló de las posibilidades de una sucesión
presidencial, pero que no prosperó.
Litardo salió a desmentir esas versiones a la prensa, dos días antes de que concluyera
el conflicto político, y afirmó que “no hay cabida para ningún tipo de intento de golpe de
Estado, no hay cabida para ningún intento de desestabilización democrática”.
Que “nunca estuvo cerca de reemplazar a Moreno, y se comprometió a abrir
una investigación a la bancada correísta por sus afanes de desestabilización política;
porque a su criterio era público que a través de las redes sociales ese grupo presionaba
a una reunión del pleno, con el claro objetivo de plantear una muerte cruzada.
“Prefiero ser reconocido como un presidente cauto, que un golpista”, fue la frase que dijo ante los reclamos del PSC y RC, por no haber reunido a la Asamblea, en la crisis. Para Litardo, hacerlo era “el escenario perfecto para armar el caos”.
Tras establecer un acuerdo entre el Gobierno y los grupos movilizados, en la Asamblea hubo cuatro bajas desde la bancada correísta: Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía, se refugiaron en la embajada de México, donde pidieron asilo. En tanto, que Yofre Poma fue procesado y sentenciado por paralizar un servicio público; aunque él reasumió la curul en marzo, tras la suspensión temporal de la pena.
Con una agenda que incluía24 proyectos, Litardo tuvo que cambiar la prioridad legislativa por la emergencia sanitaria; y se enfocó en el trámite de dos leyes para generar recursos.
De la discrepancia entre Ejecutivo y Legislativo por la gestión de la pandemia surgió otra amenaza de muerte cruzada desde la ministra Romo.
Pero esta posibilidad se aleja ya que en diez días no podrá aplicarse, pues es una potestad que tiene el mandatario hasta el tercer año de su gestión; es decir, el 24 de mayo.
