Internacional
Este viernes una mujer se crucificó en las puertas de un tribunal en el centro de Bolivia en protesta porque uno de los acusados del asesinato de su hija de 16 años huyó tras beneficiarse con una decisión judicial que lo liberó de una condena de 30 años de prisión por feminicidio.
Pilar Reyes, una humilde mujer quechua, es la madre que protestó atando sus manos con cinta adhesiva a la reja del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba al enterarse de la fuga de Omar Ordóñez.
“Hoy (ella) se ha crucificado en las puertas del tribunal por la impotencia de ver cómo la Justicia es para el que tiene plata y no para el pobre”, lamentó en declaraciones el abogado Diego Flores, uno de los defensores de Reyes.
Ordóñez fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de la adolescente, pero mediante una apelación fue puesto en libertad por la vocal Mirtha Montaño, de la Sala Penal Primera de Cochabamba.
Flores explicó que la madre de la víctima «teme por su vida», pues ha sido amenazada por Ordóñez al extremo de no poder volver a su casa por miedo y enviar fuera de Cochabamba a sus otros cuatro hijos, incluido un menor de 6 años.
El caso data de 2016, cuando varios integrantes de la pandilla Wander Rap, entre ellos Ordóñez, abusaron sexualmente de la adolescente para luego matarla.
Según el jurista, el hombre pagó la fianza equivalente a unos 14.300 dólares y fue puesto en libertad, cuando lo que la vocal debió hacer es disponer «por lo menos» su detención domiciliaria con custodio policial «para evitar precisamente que se fugue».
Los abogados de Reyes explicaron que la mujer es muy humilde e incluso se tuvo que prestar dinero para seguir el proceso penal, ante lo cual el estudio jurídico de ambos resolvió asistirla gratuitamente.
«El dolor y clamor de la señora Pilar Reyes, una madre que demanda justicia para su hija asesinada y seguridad para su familia, deberían ser escuchados por autoridades judiciales», publicó el Ministerio de Justicia en Facebook junto a una fotografía de la mujer crucificada en esta jornada.
El ministerio se comprometió a seguir el caso y tomar «las acciones que le corresponden por ley».
Por su parte, la Defensoría criticó las decisiones de la vocal Montaño y demandó que la Fiscalía y la Policía hagan cumplir con la detención de Ordóñez.
