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Adolescentes reclutadas en redes sociales eran obligadas a prostituirse en un motel de Guayaquil

La Fiscalía recabó todos los datos. Recogió testimonios, analizó las direcciones IP de computadoras y celulares, revisó los mensajes colocados en redes sociales y analizó videos. Así determinó que integrantes de una red delictiva dedicada a la trata de personas con fines de prostitución y pornografía infantil reclutaba a jóvenes y las obligaba a mantener relaciones sexuales en un motel ubicado en el Guasmo Sur (suroeste de Guayaquil).

¿Cómo las atraía? Según las investigaciones ejecutadas por la Fiscalía, los emisarios de la mafia les ofrecían trabajo y les decían que ganarían hasta USD 200 diarios.

Acordaban recogerlas en sus domicilios para llevarlas al “lugar de trabajo”. Las trasladaban a un motel y las obligaban a tener relaciones sexuales con desconocidos, mientras las filmaban en las habitaciones. Así lo señala la Fiscalía.

Para impedir que las adolescentes denunciaran lo que ocurría, los reclutadores amenazaban con enviar los videos a sus familiares y exponerlos en redes sociales. Así lograban mantenerlas en silencio.

Una vez determinados los lugares y las residencias desde donde operaba la banda, el 9 de julio de 2020 se ejecutaron varios allanamientos en los que se ubicó e identificó a los autores de estos delitos, quienes fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

En coordinación con la Gobernación del Guayas se clausuró el establecimiento dónde se cometían los hechos.

La Fiscalía pudo identificar y rescatar a cuatro víctimas adolescentes agredidas. Tenían entre 13 y 16 años de edad.

A partir de esa incursión policial comenzó todo un proceso judicial y este 3 de julio del 2021 la Fiscalía informó que tres personas fueron condenadas por todo lo ocurrido.

Los jueces del Tribunal Penal del Guayas Felipe Sarmiento, José Cañizares y Diógenes Cueva sentenciaron a dos hombres a 21 años y cuatro meses de prisión.

Además, cada uno deberá pagar una multa de 400 salarios (USD 160 000 y una reparación integral de USD 10 000 a cada víctima.

Un tercer imputado fue condenado como cómplice a ocho años y al pago de una multa de 100 salarios básicos (USD 40 000) y de USD 3 000 a cada una de las víctimas.

En la audiencia, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, presentó estas pruebas: las direcciones IP de computadores y celulares incautados, las pericias de redes sociales de los dispositivos electrónicos, los informes de vigilancia autorizada, las pericias de audio y video a las cámaras de seguridad del motel y residencia de los procesados.

También se expusieron los informes de las unidades Antisecuestro y Extorsión (Unase) y de la Policía de Niños (Dinapen).

A eso se agregó las valoraciones médicas y ginecológicas, las pericias de entorno social practicadas a las cuatro víctimas, además de su testimonio anticipado y el de sus madres.

Los magistrados conocieron los testimonios de 21 personas, entre agentes investigadores y aprehensores, peritos médicos, psicólogos y trabajadora social.

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