Quevedo, 5 de junio de 2026. La Ordenanza Ruta del Río Quevedo fue presentada este viernes ante el Concejo Municipal de Quevedo con el objetivo de regular administrativamente las actividades comerciales y turísticas que se desarrollan en este sector ubicado en las riberas del río.
El Concejo Municipal de Quevedo conoció este viernes el proyecto de Ordenanza de Regulación Administrativa y Reconocimiento de Actividades Comerciales y Turísticas en el sector denominado Ruta del Río, una propuesta que busca ofrecer una solución temporal a decenas de emprendedores que desarrollan sus actividades económicas en las riberas del río y que actualmente enfrentan limitaciones legales para continuar operando.
La iniciativa fue presentada durante la sesión extraordinaria del cabildo y generó un amplio debate entre concejales y funcionarios municipales debido a la complejidad jurídica, social y económica que rodea a este sector turístico de la ciudad.
Una ordenanza con carácter excepcional
Durante la exposición del proyecto, el procurador síndico municipal, Karim Angamarca, explicó que la propuesta surge a raíz de una problemática heredada de administraciones anteriores, cuando se permitió el establecimiento de locales comerciales en terrenos ubicados en las riberas del río bajo la expectativa de que posteriormente podrían recibir algún tipo de regularización.
Según indicó, muchos comerciantes invirtieron recursos económicos en la construcción de restaurantes, bares y otros negocios turísticos tras recibir autorizaciones municipales y permisos de funcionamiento que les permitieron desarrollar sus actividades durante varios años.
Sin embargo, la actualización del Plan de Uso y Gestión del Suelo determinó que la zona corresponde a un área de protección y riesgo, situación que impide legalmente la entrega de terrenos mediante comodatos o cualquier figura que implique posesión o tenencia permanente.
Ante esta realidad, la ordenanza plantea una salida temporal para que los establecimientos puedan seguir funcionando de manera regulada mientras recuperan sus inversiones y se trabaja en alternativas futuras.
No se reconoce propiedad sobre los terrenos
Uno de los aspectos más enfatizados durante la sesión fue que la propuesta no busca legalizar la tenencia de la tierra ni otorgar derechos de propiedad sobre los espacios ocupados.
El procurador aclaró que el objetivo central es regular la actividad comercial y turística que actualmente se desarrolla en el sector, permitiendo que los negocios puedan obtener certificados de uso de suelo y demás permisos necesarios para continuar operando dentro de un marco normativo.
La propuesta establece además que las edificaciones existentes no podrán ampliarse ni construirse nuevas estructuras en la zona, considerando que se trata de un espacio catalogado como área de protección.
Seguridad jurídica y responsabilidad institucional
Uno de los argumentos centrales expuestos por la Procuraduría Municipal se fundamenta en el principio de seguridad jurídica contemplado en la Constitución y en el Código Orgánico Administrativo.
De acuerdo con la explicación jurídica presentada al Concejo, el Municipio debe reconocer que existió una expectativa generada por la propia institución hacia los comerciantes, quienes realizaron inversiones económicas confiando en autorizaciones emitidas por administraciones anteriores.
«Los administrados no pueden pagar los errores de la administración», fue uno de los principios jurídicos invocados durante la exposición, señalando que el gobierno local debe actuar de manera responsable frente a las expectativas que generó en el pasado.
No obstante, se dejó claro que esta situación no implica que el Municipio pueda otorgar derechos de propiedad sobre áreas consideradas de riesgo o protección ambiental.
Mitigación de riesgos y seguros obligatorios
El proyecto también contempla medidas destinadas a reducir riesgos para quienes desarrollan actividades en la zona.
Entre ellas se establece la obligación de que cada establecimiento presente planes de mitigación que deberán contar con la validación de los organismos técnicos correspondientes.
Asimismo, los propietarios de los negocios deberán contratar seguros de responsabilidad frente a terceros, considerando que las construcciones se encuentran en un sector vulnerable a eventos naturales como inundaciones o crecientes del río.
La ordenanza propone además que el Municipio impulse acciones para fortalecer la protección de las riberas mediante obras como escolleras, gaviones y otras infraestructuras de mitigación, sujetas a los procesos de planificación y presupuestación municipal.
Concejales plantean observaciones
El debate permitió que varios concejales formularan observaciones para perfeccionar el texto antes de que sea sometido a primer debate.
El concejal Leonardo Jiménez Vergara manifestó inquietudes respecto a una disposición que menciona la posibilidad de analizar individualmente ciertos casos en el futuro, señalando la necesidad de evitar interpretaciones que puedan generar nuevas expectativas sobre eventuales derechos de tenencia.
Por su parte, el concejal Jimmy Aguirre Miranda solicitó mayores precisiones sobre la relación entre los planes de mitigación que deberán presentar los comerciantes y las inversiones públicas que podría ejecutar el Municipio para proteger las riberas.
La concejala Alexis Ajón Velázquez propuso incorporar informes técnicos y legales de entidades como el Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el objetivo de fortalecer el sustento de la ordenanza y garantizar su viabilidad jurídica.
Respaldo a los comerciantes, pero sin crear falsas expectativas
Durante la discusión, el concejal Robert Alvarado Onofre reconoció las dificultades que han enfrentado los emprendedores de la Ruta del Río, quienes han tenido que sobrellevar crisis económicas, pandemia, apagones, restricciones de movilidad y problemas de inseguridad.
Sin embargo, advirtió que cualquier regulación debe dejar absolutamente claro que no existe posibilidad legal de entregar derechos de propiedad sobre terrenos ubicados en zonas de protección.
El edil señaló que el reto del Concejo será encontrar un equilibrio entre brindar apoyo a quienes realizaron inversiones de buena fe y evitar que la administración municipal asuma responsabilidades futuras derivadas de la permanencia de negocios en áreas consideradas de riesgo.
Próximo paso: el debate legislativo
El proyecto fue presentado únicamente para conocimiento del Concejo Municipal, cumpliendo el procedimiento establecido en la normativa local para la formación de ordenanzas.
Tras esta etapa, la propuesta deberá recibir informes técnicos y jurídicos adicionales, pasar por el análisis de la comisión correspondiente y posteriormente ser sometida a primer y segundo debate antes de una eventual aprobación.
Mientras tanto, el tema continúa generando expectativa entre los comerciantes de la Ruta del Río, quienes esperan que la normativa les permita mantener sus actividades económicas dentro de un marco legal mientras se define una solución definitiva para uno de los sectores turísticos más emblemáticos de Quevedo.
